El BOE de hoy publica la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo en febrero de 2011 en relación a los apartados 2 y 10 del art. 16 del TRLIS, que regulan el régimen de infracciones y sanciones y obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas por la posible vulneración de los principios de tipicidad y legalidad penal. Se estima que el TC puede tardar varios años en pronunciarse sobre esta cuestión, lo cual genera una situación de inseguridad jurídica para los contribuyentes, en particular en lo que al régimen sancionador se refiere.